9. GESTIÓN DE LA VIGILANCIA A LAS IAP
El artículo tercero de la LIAP establece que los servicios asistenciales deben prestarse sin fines de lucro, con apego a la normatividad aplicable, mediante personal calificado y responsable, sin discriminación alguna y con pleno respeto a los derechos humanos, la dignidad y la integridad de las personas atendidas.
La misma legislación impone a los patronatos la obligación de cumplir la voluntad del fundador y destinar el patrimonio exclusivamente al desarrollo de las actividades asistenciales, conforme al objeto estatutario.
Asimismo, el marco jurídico establece que la Junta tiene la obligación de vigilar que las IAP cumplan con la ley, sus estatutos y las demás disposiciones jurídicas aplicables. En este contexto, la Junta vela por la observancia de la voluntad de los fundadores de las Instituciones.
Los fundadores, quienes optaron por esta figura legal, lo hicieron con la confianza de que la Junta, en su carácter de autoridad rectora, garantizaría la continuidad y permanencia de dicha voluntad a lo largo del tiempo, resguardando los fines asistenciales y el destino de los bienes afectos a ellos. En este sentido, su función trasciende la mera vigilancia formal, al constituir un compromiso jurídico y ético con la preservación de la confianza de los fundadores.
9.1 Acciones para la Mejora de la Vigilancia
Al estar previstas en la LIAP las obligaciones de cumplir con la voluntad fundacional, con el uso adecuado de los recursos, con el objeto establecido en sus estatutos, con la calidad con que se lleva a cabo su actividad y con las normas generales y particulares a las que están sujetas, todas ellas se encuentran inmersas en el cumplimiento normativo y, por tanto, son la materia de la vigilancia.
Partiendo del principio de que el control es un mecanismo para la mejora y no una herramienta exclusivamente punitiva, la Junta, a partir de 2020, llevó a cabo una transformación profunda de sus mecanismos de supervisión y evaluación, con el objetivo de dar un seguimiento más eficiente, transparente y automatizado al cumplimiento normativo de las IAP, toda vez que esta actividad es sustantiva a la Junta y de ella derivan todos sus resultados.
Así, en el período que se reporta, las principales mejoras que se llevaron a cabo para la vigilancia y supervisión fueron las siguientes:
- Simplificación del catálogo de cuentas contables para el presupuesto de las IAP, pasando de 1,324 cuentas no homologadas con el SAT a 774 cuentas homologadas hasta el tercer nivel, lo que simplificó la elaboración de presupuestos por parte de las instituciones.
- Implementación de un sistema de información financiera que homologa las cuentas de las instituciones en primer y segundo nivel, permitiendo sistematizar la evaluación financiera y compararla contra su presupuesto.
- Elaboración de un catálogo de servicios de las IAP que identifica detalladamente los servicios que brindan, resultando en 9 servicios y 55 subservicios, con el fin de supervisarlas con mayor especificidad y alinearlas a los marcos normativos aplicables.
- Elaboración de un catálogo de la normatividad más relevante aplicable a las instituciones según los servicios que proporcionan, integrado por 371 obligaciones que proceden de 405 ordenamientos: una norma internacional, 154 normas federales, 182 normas estatales, 66 disposiciones de la LIAP y 2 derivadas de sus propios ordenamientos institucionales.
- Diseño de una guía para solventar ante autoridades el cumplimiento de 104 trámites del Catálogo de Normatividad.
- Integración de un cuestionario de cumplimiento de obligaciones normativas, específico para cada institución atendiendo a los servicios que presta, con el fin de evaluar su grado de cumplimiento y los riesgos derivados del incumplimiento.
- Instrumentación de un reporte de resultados del análisis del cumplimiento de obligaciones normativas para requerir su corrección.
- Creación de una plataforma para sistematizar las visitas de supervisión desde su planeación, ejecución, análisis e informe de resultados, optimizando recursos y mejorando el seguimiento.
- Implementación de una herramienta para automatizar la emisión y seguimiento de reportes.
- Creación de una base de datos que alberga el catálogo de 2,317 inmuebles de las IAP que concentra y sistematiza de manera integral la información de todos ellos.
- Sistematización de las entrevistas realizadas durante las visitas de supervisión en una plataforma.
A partir de las acciones de mejora llevadas a cabo se estructuró el Mecanismo Integral de Vigilancia, cuyo propósito es promover que las IAP corrijan las desviaciones de carácter operativo, financiero y normativo, identificadas a través de un único instrumento de registro y control.
El eje sobre el cual se estructuraron los diversos instrumentos del mecanismo fue el Catálogo de Obligaciones, concebido como una herramienta para identificar de manera precisa el conjunto de disposiciones normativas aplicables a cada Institución, tanto por su naturaleza jurídica como por los servicios que presta. Este instrumento permite verificar y autoevaluar el grado de cumplimiento del marco normativo y, simultáneamente, identificar los riesgos asociados a su incumplimiento. Asimismo, su implementación facilitó la orientación de las acciones de capacitación y asesoría desarrolladas por la Junta, al permitir focalizar los apoyos institucionales en las áreas de mayor incidencia.
9.3 Componentes del Mecanismo Integral de Vigilancia
El primero de los instrumentos que integran el Mecanismo Integral de Vigilancia es el de los Cuestionarios de Cumplimiento Normativo, implementados desde 2022. A través de ellos las propias Instituciones pueden evaluar el grado de observancia del marco normativo específico que les es aplicable, facilitando así el seguimiento de sus obligaciones y, en su caso, la atención y corrección de los incumplimientos detectados.
El segundo componente lo constituyen las Visitas de Supervisión, consistentes en inspecciones físicas a los inmuebles donde las Instituciones prestan sus servicios asistenciales, con el objetivo de verificar el cumplimiento del objeto fundacional y los riesgos operativos asociados a los mismos. Estas visitas permitieron detectar, de manera particular, aquellas incidencias consideradas críticas por su potencial impacto en la integridad de la población atendida.
El Análisis de la Información Financiera constituye el tercer componente del mecanismo, cuya finalidad es verificar la administración y aplicación de los recursos, evaluar su solvencia y viabilidad económica, detectar posibles riesgos o irregularidades financieras, así como el apego a las Normas de Información Financiera y demás normatividad aplicable, lo que contribuye a que las Instituciones cuenten con la capacidad necesaria para cumplir de manera continua y eficiente su objeto asistencial.
El último de los componentes de esta herramienta lo constituye el Estado Integral de Cumplimiento, que permite determinar y hacer patente el grado de observancia de la normatividad a partir de la integración de los resultados de todas las acciones de vigilancia que componen el mecanismo.
9.4 Resultados de la gestión de la vigilancia en el período
La vigilancia se llevó a cabo en 330 instituciones promedio anual, con los resultados totales siguientes en el período que se informa:
- Se aplicaron 1,344 Cuestionarios de Cumplimiento Normativo a partir de 2022.
- Se efectuaron 2,027 visitas a establecimientos de las instituciones.
- Se llevaron a cabo 1,042 evaluaciones financieras
- Desde 2023, en que se implementó esta herramienta, se emitieron 987 Estados Integrales de Cumplimiento.
9.5 Seguimiento de Riesgos Críticos: Uso de Suelo y Programa de Protección Civil
Uno de los resultados más relevantes del Cuestionario de Cumplimiento Normativo fue la identificación de los riesgos más críticos para las instituciones, entre los que se destacan la carencia de acreditación de uso de suelo y del registro de programas de protección civil.
Antes de implementar el Cuestionario de Cumplimiento Normativo, la Junta carecía de la acreditación, por parte de las Instituciones, del Uso de Suelo y del registro del Programa de Protección Civil en 500 inmuebles aproximadamente.
A partir de la aplicación del cuestionario en 2022 y del seguimiento dado por la Junta a sus resultados, las Instituciones acreditaron el uso de suelo en 204 de los 500 inmuebles, quedando por acreditar 296.
Para contribuir a la regularización de esta obligación, en los inmuebles que quedaban por acreditarla, se instrumentaron mecanismos de coordinación encabezados por la Consejería Jurídica de la Ciudad de México, en conjunto con la Secretaría de Planeación, Ordenamiento Territorial y la Junta de Asistencia Privada de la Ciudad de México. A través de estos mecanismos, 228 Instituciones acreditaron la regularización de 332 inmuebles en materia de uso de suelo.
En cuanto al Programa de Protección Civil, la Junta suscribió un convenio, en favor de las instituciones, que les permitan cumplir con la normatividad en esta materia.
9.6 Cumplimiento de las Obligaciones de las IAP ante la Junta
La Ley de Instituciones de Asistencia Privada establece cinco obligaciones financieras para las instituciones:
- Dos para autorización: Presupuesto y Programa de Trabajo Anual
- Dos informativas: Informe Anual y Estados Financieros
- Una correspondiente al pago de cuota del seis al millar sobre sus ingresos
- 1,699 programas de Trabajo y Presupuestos Anuales
- 1,749 informes Anuales de Actividades
- Se revisaron 1,444 Libros de Diario y Mayor
- 1,042 estados Financieros y Balanzas de Comprobación
9.7 Reducción de Contribuciones Locales para las IAP
Las Instituciones de Asistencia Privada cuentan con el derecho a acceder a la reducción del 100% de las contribuciones locales previstas en el Código Fiscal de la Ciudad de México, siempre que acrediten, mediante la constancia correspondiente, la realización efectiva de actividades vinculadas a su objeto asistencial y que los recursos destinados a la asistencia social en el ejercicio fiscal inmediato anterior se hayan traducido en beneficios directos para la población atendida.
Durante el período comprendido entre 2019 y 2025, en promedio 177 Instituciones de Asistencia Privada por año obtuvieron la constancia que les permitió acceder a este beneficio fiscal.
Entre 2020 y 2025 se emitieron 1,058 constancias, con un monto acumulado de $2,655 millones de pesos.
